Avanza el achique del Estado: fusionan dos organismos de geociencia
El Gobierno nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa, mediante el Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La reestructuración de los organismos se da como una profundización del achique en el Estado, tras evaluar que en la administración nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una “estructura excesivamente onerosa” para el Ejecutivo y detectar un notorio aumento del personal en los últimos años.
El diagnóstico surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el que se revela que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.
Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario avanzar con la fusión del INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La medida se dispuso “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”, considerando que “ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.
Desde el Ejecutivo sostienen que “la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.
Al mismo tiempo, argumentaron que “esta integración permitirá reforzar la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica desde un único organismo especializado, con mayor eficiencia operativa”.
En cuanto a la transformación del INA en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”.
En este sentido, la normativa destacó que “esto permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas del Estado Nacional vinculados con la materia”.
Además, remarcó que “esta medida permitirá simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades que cumplen funciones de apoyo, las que serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía, promoviendo una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.
Con estas medidas, desde la administración de Javier Milei resaltaron que “el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos pu´blicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas pu´blicas”.
La reestructuración de los organismos se da como una profundización del achique en el Estado, tras evaluar que en la administración nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una “estructura excesivamente onerosa” para el Ejecutivo y detectar un notorio aumento del personal en los últimos años.
El diagnóstico surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el que se revela que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.
Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario avanzar con la fusión del INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La medida se dispuso “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”, considerando que “ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.
Desde el Ejecutivo sostienen que “la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.
Al mismo tiempo, argumentaron que “esta integración permitirá reforzar la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica desde un único organismo especializado, con mayor eficiencia operativa”.
En cuanto a la transformación del INA en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”.
En este sentido, la normativa destacó que “esto permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas del Estado Nacional vinculados con la materia”.
Además, remarcó que “esta medida permitirá simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades que cumplen funciones de apoyo, las que serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía, promoviendo una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.
Con estas medidas, desde la administración de Javier Milei resaltaron que “el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos pu´blicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas pu´blicas”.